CCOO y UGT, un cáncer para la clase trabajadora

En el año 480 a.C. un ejército formado por unos 7.000 griegos (espartanos, tespios, tebanos y otros aliados) contuvo durante varios días al imponente ejército persa compuesto de unos 250.000 soldados. Los aliados griegos, liderados por el rey Leónidas I de Esparta, tenían claro que para frenar esa superioridad numérica, debían aprovechar el estrecho paso de las Termópilas, donde el frente de batalla sería lo suficientemente estrecho para repeler a un ejército tremendamente superior en número. Con lo que no contaban los aliados griegos es con la traición de un residente local llamado Efialtes, que proporcionó a los persas información de un paso por el que podrían rodear y atacar la retaguardia del ejército griego.

 

La traición ha sido y sigue siendo un arma temible en manos de quien tiene el poder económico para pagarla y la ausencia de escrúpulos para usarla. Y el brazo ejecutor de la traición, el traidor, una herramienta necesaria en manos de quien ostenta el poder pero necesita aliados entre las filas contrarias.

 

En la lucha de clases, la clase trabajadora puede identificar de forma más o menos nítida a su enemigo natural, a la clase parasitaria que se apropia de la riqueza generada con el trabajo ajeno, los empresarios. De esta forma, incluso de forma espontánea, surgen luchas de trabajadores frente a ataques abiertos y evidentes ante los que éstos se organizan para defenderse. Pero los empresarios sí pagan traidores, y en la lucha obrera, CCOO y UGT son traidores a sueldo que, además de desdibujar, corromper y ensuciar la palabra sindicato, contribuyen a la división y la desmovilización, siendo una de las herramientas más sofisticadas para frenar la lucha organizada de los trabajadores.

 

La podredumbre del sistema capitalista, en una bancarrota insalvable, se sustenta principalmente en una batalla ideológica en la que estos sindicatos amarillos del sistema colaboran para desideologizar a la clase trabajadora, dividirla y dejarla a merced de los empresarios. Pero esa podredumbre corrompe todo lo que toca, y CCOO y UGT son buena muestra de ello, pues cada vez les resulta más complicado seguir simulando que son sindicatos de clase, se desbordan las costuras de sus trajes de sindicalistas y asoma la pata de lobo por debajo de sus disfraces de cordero.

 

En enero de este año, la plantilla de CCOO en Galicia convocaba una huelga indefinida denunciando que “el sindicato actúa como la empresa más rastrera”. Los trabajadores reclamaban una subida de sus salarios de entre el 2% y el 3,5% anual de 2020 a 2024, mientras que la dirección del sindicato alegaba que esa subida pondría en riesgo la estabilidad económica de la entidad y los empleos, en un discurso que no difiere en absolutamente nada del de la patronal.

 

 

Ante esta huelga, la dirección de CCOO intentó cercenarla separando de la misma a los abogados del sindicato, un intento que fue frenado por la justicia, mostrando cómo este supuesto sindicato de clase no duda en usar todas las argucias que cualquier empresa utiliza para atacar a sus trabajadores cuando estos se organizan.

 

 

Este no es ni mucho menos un caso aislado. En febrero, el Tribunal Superior de Baleares condenaba al sindicato por el despido improcedente de un representante de los trabajadores. José Manuel Raya, abogado y graduado social, declaraba a El Independiente: «CCOO se cargó a dos delegados de personal de los tres que tiene en Baleares, y a otra trabajadora en Ibiza que había hecho demandas a la empresa. Acabaron con toda la representación de los trabajadores».

 

 

 

A estos casos de maltrato a sus propios trabajadores, se suma la corrupción de las cúpulas de estos sindicatos que cada vez acumulan más casos. En febrero, el diario El Debate desvelaba que la pareja de Unai Sordo, secretario general de CC.OO. recibía 345.000 € de dinero público por dar “talleres de lectura” a funcionarios vascos. La empresa de Blanca Mata Fauri, pareja de Unai Sordo, comenzó a recibir grandes contratos y ayudas públicas en el momento en el que su cónyuge fue nombrado líder del sindicato.

 

 

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, con un salario de 2.638 € mensuales, tiene a su nombre un ático dúplex en el centro de Barcelona y 6 fincas en Asturias, un patrimonio inmobiliario que en un 85 % adquirió tras ser nombrado jefe del sindicato a nivel nacional. No es de extrañar, cuando las cúpulas de estos sindicatos gestionan un fondo privado de pensiones que factura 2 millones de euros anuales, la Consultora de Pensiones y Previsión Social Sociedad de Asesores (CCPS).

 

 

Todo esto sumado a las declaraciones que de vez en cuando muestran claramente la posición reaccionaria de estos sindicatos, como la defensa pública que Pepe Álvarez hizo de Juan Roig, presidente de Mercadona, alegando que “poner el foco sobre la que paga mejor, no es la manera de situar este problema”, o las recientes declaraciones en las que instaba a reforzar el control de la prestación por desempleo y, en especial, de la facultad para retirar la prestación o el subsidio por desempleo a quien rechace una oferta de empleo o un curso de formación.

 

 

El desprestigio cada vez mayor de estas organizaciones ha llevado a España a ser uno de los países con menor porcentaje de trabajadores con afiliación sindical, alcanzando su nivel más bajo desde 1986 con sólo un 12,5%, un dato que no ha dejado de descender desde 1978 ─cuando llegó a ser del 38,9%─, justo al final de la mal llamada transición que concluyó con la firma de la Constitución, la traición a través de la cual los oportunistas nos ha traído hasta este momento histórico de pérdida absoluta de derechos, empobrecimiento extremo, guerra y muertes. Esta es la obra de ese oportunismo, del que CCOO y UGT son destacados componentes.

 

Ante esta situación, a la clase trabajadora le urge acabar con estas organizaciones que no son más que aparatos del Estado para mantener la opresión de los empresarios, así como fortalecer a los sindicatos de clase de la Federación Sindical Mundial (FSM), la Internacional de los sindicatos de clase, con el fin de organizar a los trabajadores en los centros de trabajo bajo el paraguas del sindicalismo de clase.