NTT Data y el expolio de dinero público

 

A pesar de que los hechos vienen demostrando lo contrario en multitud de ocasiones, el mantra de que los empresarios arriesgan y por eso se quedan con la riqueza generada por los trabajadores sigue siendo uno de los principales argumentos de defensa del expolio legalizado que los capitalistas realizan contra los trabajadores. Bajo el manido mensaje de que quien más arriesga debe tener un mayor beneficio, los empresarios llevan años robando la mayor parte de la riqueza generada por los trabajadores. Pero, ¿es verdad que arriesgan los empresarios?

 

Habría que matizar que la clase capitalista es heterogénea y que no todos los dueños de empresas tienen el mismo peso en la economía global. Un autónomo que tenga una panadería pequeña tiene un impacto mínimo en la economía en comparación con los dueños de Amazon, Google, Inditex o BBVA por poner sólo algunos ejemplos. Las grandes empresas cada día concentran más mano de obra y la concentración en monopolios puede comprobarse rápidamente al echar un vistazo, por ejemplo, a todas las fusiones bancarias que se han dado en el Estado español en los últimos años. Estas grandes empresas son las que más beneficios generan, las que más dividendos reparten entre sus accionistas y, por norma, las que más explotan a sus trabajadores. ¿Arriesgan mucho los dueños de estas empresas?

 

Sólo recordando el rescate bancario que ha costado, al menos (puesto que la cantidad se va actualizando al alza conforme pasa el tiempo), 101.500 millones de dinero público, es fácil entender lo poco que han arriesgado los accionistas de esos bancos, que cuando estaban a las puertas de quebrar fueron rescatados. Riesgo cero.

 

Otro caso llamativo es el de la empresa ACS, de Florentino Pérez, que ya en su día tuvo que ser indemnizada por el Estado con 1.350 millones de euros por la inviabilidad del proyecto ‘Castor’, o los 485 millones que esta misma empresa podría reclamar al gobierno si la obra del AVE de El Pertús resulta económicamente inviable.

 

¿Qué le ocurriría a una familia trabajadora que se embarcara en la compra de una vivienda y que por motivos ajenos a su voluntad no pudiera pagar la hipoteca porque resultara “económicamente inviable”? No hace falta ser adivino, basta con echar un vistazo a la prensa para ver cómo a pesar del gobierno “más progresista de la historia”, continúan los desahucios de familias trabajadoras.

 

También es fácil ver la enorme cantidad de dinero público que los gobiernos de turno transfieren a manos privadas a través de las diversas subvenciones que, bien a través del Estado, bien a través de la Autonomías o gobiernos locales o a través de la Unión Europea, las grandes empresas acaparan.

 

Como no podía ser de otra forma, NTT Data es experta en chupar del bote del erario público, estando bien situada en la industria militar a través de ‘puertas giratorias’. Pero como no sólo de armas vive el hombre, NTT Data diversifica el dinero público que recibe.

 

En julio de 2021 podíamos leer en los medios que el Ayuntamiento de Madrid iba a crear una Escuela de Talento Digital, en colaboración con la por entonces Fundación Everis (ahora NTT Data Foundation). En la presentación, Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, destacaba la importancia de la colaboración público-privada, "crucial en este proyecto”, un concepto que no es más que la forma de disfrazar que se va a invertir dinero público para que una empresa privada obtenga beneficios.

 

Ese mismo mes se anunciaba también el Proyecto Nereo, un proyecto piloto para fomentar el ocio saludable financiado por la Comisión Europea y desarrollado por El Ayuntamiento de Benidorm de la mano de NTT Data.

 

Sólo en el mes de agosto de 2021, una UTE (Unión Temporal de Empresas) de NTT Data con Siemens conseguía una adjudicación de 38,4 millones de euros de la Administración Pública, siendo una de las mayores adjudicatarias de dinero público.

 

En noviembre de 2021, el gobierno adjudicaba a otra UTE, esta vez entre NTT Data y Oesia, la gestión de la digitalización de las pymes por 11 millones de euros.

 

En junio de 2022 se publicaba la adjudicación de un contrato de 77 millones de euros a NTT Data por parte del Ayuntamiento de Madrid para “la prestación de servicios en los diferentes canales de atención a la ciudadanía”.

 

Esto es sólo una muestra de lo que ha aparecido en los medios, que no es más que la punta del iceberg de la cantidad de dinero público que empresas privadas como NTT Data reciben por parte de las administraciones públicas. Ese es el ‘riesgo’ que corren los accionistas de esas empresas, las cuales son mantenidas con dinero público y, cuando la cosa va mal, son rescatadas con ese mismo dinero público, como el último ejemplo de Abengoa.

 

Para quien pudiera pensar que todos estos contratos han sido conseguidos en libre competencia con otras empresas, basta tan sólo mostrar un par de ejemplos para desmontar este otro mantra del libre mercado.

 

En agosto de 2018, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionaba con un importe total de 29,9 millones de euros a 11 empresas informáticas, entre ellas NTT Data (entonces everis), “por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública”.

 

En marzo de 2022, la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) comenzaba una investigación a 13 empresas informáticas, NTT Data entre ellas, por "prácticas colusorias" en sus contratos con el Gobierno, habiendo ya en el pasado sancionado a otras empresas por una trama en la que algunas empresas “conocían los concursos antes de que se hicieran públicos y se los repartían con la presentación de ofertas simuladas”.

 

Así es cómo estas grandes multinacionales copan el mercado, eliminan la competencia y acaban acaparando todo el dinero público que pueden, desmontando por completo el argumento del riesgo empresarial y la libre competencia.

 

Y mientras estas empresas acumulan beneficios millonarios, sus trabajadores siguen sumidos en la miseria, con congelación salarial o, en el mejor de los casos, subidas irrisorias muy por debajo de la subida del IPC, lo que hace que cada año que pasa pierdan poder adquisitivo. Esta es la lógica del capitalismo, empobrecer a trabajadores para hacer millonarios a una minoría parasitaria.

 

Los trabajadores tenemos una disyuntiva que no podemos esquivar. O nos organizamos desde ya para defender nuestros intereses colectivos como clase, o los empresarios seguirán acumulando riqueza a costa de nuestra pobreza. No hay términos medios y no hay otra salida que la organización y la lucha. De todos nosotros depende revertir esta situación.

ASC ante las cibermovilizaciones y el paro de 2 h. convocados por CCOO y UGT

 

Los sindicatos firmantes del convenio sectorial de consultoría, y actualmente en la mesa de negociación, CCOO y UGT, han convocado para la semana del 20 de junio cibermovilizaciones que finalizarán con un paro de 2 horas el día 23. Dichas acciones son convocadas con el objetivo de protestar por el bloqueo de la patronal en la negociación y las condiciones de precarización que la patronal quiere imponer en el nuevo convenio sectorial, y que ellos mismos resumen en:

 

Desde ASC no podemos más que calificar dichos actos reivindicativos como una auténtica tomadura de pelo a los trabajadores, por múltiples causas que detallamos a continuación:

 

-        Por tratarse de una convocatoria a “la defensiva”, que trata de “evitar” nuevas condiciones abusivas que sólo están en las declaraciones de la patronal, que no serán legales mientras no lo firmen esos sindicatos, y para lo cual no necesitan convocar movilizaciones. Unas condiciones abusivas que convenientemente infladas, para después poder vender su supuesta capacidad de freno que ha significado su “pericia” negociadora cuando firmen un convenio repleto de las pérdidas de derechos que desde el principio la patronal quiere incluir.

 

-        Por ser, además, unas condiciones que han sido consentidas por los sindicatos negociadores y que ahora hipócritamente critican. Condiciones que la patronal quiere legalizar en el convenio pero que son utilizadas de forma normalizada mediante su imposición en las empresas del sector, contraviniendo la ley, pero que los sindicatos negociadores no sólo no denuncian y, por tanto, consienten, sino que tratan de justificar a las empresas ante la Inspección de Trabajo, mientras sus delegados son los primeros incumplidores, abusando de las horas extraordinarias, por ejemplo.

 

-        Por no incorporar una tabla de reivindicaciones de derechos claramente definida, que evitan añadir para poder así enmascarar la posterior traición de la firma de un convenio de mínimos, de forma que las reivindicaciones que necesita el sector no hagan de contraste con el abismo que las separa de las condiciones miserables que firmen finalmente. Así como para que una tabla de reivindicaciones clara no los distancie de la llegada de un acuerdo con la patronal.

 

-        Por ser unas convocatorias de movilizaciones ridículas, que no son más que un calco de la actuación que estos mismos sindicatos tuvieron previamente a la firma del actual XVII Convenio sectorial en 2017, al igual que los inocuos pasacalles de delegados sindicales, con el uso de sus horas sindicales, que han precedido a esta convocatoria.

 

 

-        Por lo endeble de la convocatoria (cibermovilizaciones, firmas en change.org, un paro de 2 horas), cuya nula capacidad de presión las hace inocuas si lo que se pretende es forzar a la patronal a cambiar su postura extremista. En contraste, podemos observar la huelga del sector del metal en Cantabria, que estos mismos sindicatos convocan, y que acumula ya 19 días de paro en el sector, o el mismo sector de Contact Center, cuyo convenio sufre igual retraso al del sector TIC, más de 2 años, pero que ya acumula dos jornadas de huelga. Lo que da una idea de la sumisión que la direcciones sectoriales de ambos sindicatos a la patronal, que conscientes de la gran capacidad de presión del sector en toda la economía, y por tanto la capacidad de arrancar derechos laborales, tratan de mantener desmovilizada como servicio a la patronal a la que sirven.

 

-        Por tratarse de la escenificación de una beligerancia teatralizada para impedir la  movilización real del sector, tratando así de buscar el fracaso en la desmovilización del sector que ellos mismos obstaculizan, para justificar la firma de un nuevo convenio de traición, como ocurrió en 2017 con el XVII convenio, o para facilitar  la dilatación de años de la negociación, y la equivalente congelación salarial primero y posterior pérdida de poder adquisitivo, que alcanzó más del 30% en el período 2010-2020, al renunciar con su firma a subidas salariales durante el período 2010-2017, y que lleva más del 15,9% desde 2020 hasta la fecha.

 

-        Por no dar participación ni implicar a los trabajadores en su convocatoria, ni darles el poder de decisión, la forma en que han sido convocadas, unilateralmente por las direcciones de esos sindicatos, sin asambleas en los centros de trabajo para recabar la posición de los trabajadores, ni las reivindicaciones a llevar a la movilización, ni la forma que han de tener las mismas, es decir sin tratar de organizar e implicar a los trabajadores dándoles el poder de decisión democrático que les corresponde, garantizando con ello el fracaso de la movilización con el que justificar la firma de un convenio de mínimos y con pérdidas. Un poder de decisión sobre la negociación y la movilización que dichos sindicatos tratan de alejar de los trabajadores de forma que tengan vía libre para poder negociar prebendas con la pérdida de nuestros derechos.

 

-        Porque las reivindicaciones de la patronal por las que dicen protestar se parecen demasiado a las que ellos mismos han ido proponiendo o que ya firmaron anteriormente, (y que no recopilan para que pasen desapercibidas), haciendo un ejercicio de cinismo mayúsculo:

●       Los 14.000€ de sueldo son precisamente los sueldos de partida que propusieron en su plataforma de negociación actual.

 

 

●       La desregulación de la jornada semanal que quiere imponer la patronal, los sindicatos están dispuestos a aceptarla, pues en su propia propuesta de negociación se incluye la nocturnidad, la turnicidad, trabajos en festivos y guardias. Sólo han escenificado junto a la patronal la retirada de ésta de su pretensión de ampliar la jornada a los sábados, con las “movilizaciones” de los delegados sindicales. Con este “logro”, el camino para hacernos tragar con la desregulación de la jornada semanal con la que disfrazar las horas extras y poder exceder el límite anual legal o diario, además de compensarlas a menor coste, está más cerca.

●       La ambigüedad en la clasificación profesional que ahora critican fue la que ellos mismos firmaron en el 2017, y siguen reclamando para el nuevo convenio.

 

-        Porque se olvidan de las reivindicaciones del sector:

 

●       De garantizar las compensación de costes asociadas al teletrabajo, y de forma retroactiva desde la pandemia. En lugar de obligar a la negociación en el convenio sectorial, se dedican a llegar a acuerdos en cada empresa, dividiendo las fuerzas debilitando la posición de los trabajadores, y haciendo que se alcancen compensaciones ridículas, que ya forman parte de sus propuestas (50€/mes en total de compensación por todos los conceptos: alquiler de espacio, gastos de suministros, mobiliario, comunicaciones…) y que sirven para que las empresas abonen el terreno para recortes de gastos y futuras reestructuraciones de plantilla .

●       Ignorando en sus planteamientos la actualmente en boga jornada de 4 días semanales sin reducción de sueldo.

●       Dando a la espalda al progreso social que podría implicar el desarrollo de la automatización mediante la reducción de la jornada sin reducción de sueldo.

●       Por no apostar claramente por unas cláusulas de revisión salarial asociadas al IPC que impidan la pérdida de poder adquisitivo ante la inflación desbocada que vivimos. Una pérdida de más del 30% que ya en el anterior convenio consagraron con su firma para el periodo 2010-2019, que ya dieron por perdida, y que mantienen para el 2020-2023 con una propuesta de subidas por debajo de la inflación, con más pérdidas de poder adquisitivo, que ya padecemos gracias a su pasividad y sumisión que ha permitido la dilatación de más de 2 años de la negociación del mismo sin ningún tipo de movilizaciones.

●       Impedir la subcontratación por convenio, con la que la patronal disfraza la cesión ilegal, que supone el 50% de la facturación de las empresas (outsourcing), que consienten y promueven las propias administraciones públicas, y que da lugar a la proliferación de empresas “cárnicas”, características del sector.

●       Impedir la compensación y absorción, que mantuvieron en el anterior convenio y que deja durante años los sueldos congelados de aquellos que pacten individualmente por encima de las tablas salariales mínimas.

●       Dignificar los salarios de entrada en el sector de alta cualificación, cuyas cuantías dejaron a la mayoría de categorías de las tablas salariales por debajo del SMI.

●       Garantizar una adecuada formación continua y durante la jornada laboral, acorde con los avances tecnológicos que se dan en el sector.

●       Incluir medidas de conciliación reales como el derecho de adaptación de jornada, la jornada intensiva durante todo el verano…

●       Garantizar la subrogación forzosa cuando se produzca un cambio de empresa para que el trabajador mantenga los derechos y las condiciones adquiridas por su tiempo de trabajo.

 

 

Están reeditando lo que hicieron entre los años 2010 y 2017, que no es más que engañar a los trabajadores hasta que llegue un momento donde la Patronal pueda imponer sus pretensiones.

 

La única salida que tenemos los trabajadores, es organizarnos en un sindicato de clase como ASC, es dejar de ignorar o resignarnos con estos sindicatos, y no confiarlo todo a la salida individual, la que interesa a la patronal, al salto continuo entre empresas por encontrar mejores condiciones, pero perdiendo derechos adquiridos, o la emigración fuera del país, mientras dejamos la precariedad intacta en el conjunto del sector, porque es una huida continua donde no se consolidan derechos, y que en tiempos de crisis como la que se está gestando actualmente, permite a la patronal expulsar masivamente, sin apenas costes, a las plantillas sin antigüedad, precarizando aún más las condiciones laborales, como una suerte de juego macabro de las sillas.

 

Ignorar la situación no cambiará que estos sindicatos lleguen a componendas con la patronal. Tenemos que cambiar nuestra actitud, dejando de delegar en otros la solución de los problemas que nos afectan en nuestros centros de trabajo, siendo parte activa de la organización de los trabajadores, implicándonos personalmente en desbancar a los sindicalistas que se presenten por dichas siglas a las elecciones sindicales, repudiándolos ante nuestros compañeros, y obteniendo mayorías en los comités de empresa y los órganos de representación para posteriormente obligar a negociar a los empresarios convenios de empresa, pero ejerciendo la presión de la movilización junto con los compañeros, y junto con compañeros de otros centros de trabajo y de otros sectores. Así, a medida que estos sindicatos sigan cayendo en el número de representantes que obtienen, irán perdiendo la representatividad como mayoritarios, lo que hará que podamos expulsarlos de esas mesas de negociación de ámbito superior donde nos traicionan.

 

Coordinadora TIC de Alternativa Sindical de Clase

Sobre el protocolo de desconexión digital y el código de conducta telemático

 

El 30 de diciembre de 2021 la dirección de la empresa enviaba al Comité de Empresa del centro de Sevilla un correo en el que incluía un borrador con una Política de Desconexión Digital, un documento elaborado una vez más de forma unilateral por parte de la empresa y que sólo es enviado a la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) para cumplir el trámite legal de consulta, sin plantear en ningún momento que quienes hemos sido elegidos democráticamente por nuestros compañeros podamos aportar absolutamente nada. Muy democrático todo.

En dicho documento, la empresa incluía un apartado con Medidas Concretas en el que se incluían los siguientes párrafos:

“Con carácter general, se procurará que las comunicaciones sobre asuntos profesionales se realicen dentro de la jornada de trabajo. Lo anterior, en la medida en que resulte compatible con la actividad normal de la compañía y necesidades del proyecto o del área en la que la persona trabajadora esté adscrita”.

Ese “con carácter general” encierra la esencia de toda normativa laboral en la que participa la patronal, algo que convierte a las normas en meras recomendaciones que las empresas pueden saltarse cuando quieran. ¿Quién determinará si una comunicación no realizada fuera del horario laboral es compatible o no “con la actividad normal de la compañía y necesidades del proyecto”? Evidentemente será la propia empresa quien dictamine esto y, por tanto, este protocolo será, como tantas otras normativas, papel mojado.

Más adelante se incide aún más en esta cuestión con el siguiente párrafo:

“Se reconoce el derecho de las personas trabajadoras a no atender dispositivos digitales puestos a disposición por la empresa para la prestación laboral durante el tiempo destinado a permisos, licencias, vacaciones y excedencias u otras situaciones de suspensión de la relación laboral, sin que la compañía pueda exigir la prestación de sus servicios en tales periodos salvo que tengan lugar circunstancias extraordinarias que sean debidamente justificadas”.

Una vez más, ¿quién determinará que circunstancias son extraordinarias? ¿Quién lo justificará debidamente? De nuevo, todo queda en manos de la dirección de la empresa, que podrá una vez más hacer lo que quiera.

Ante semejante atropello, desde ASC solicitamos la convocatoria de un Pleno del Comité de Empresa para emitir un informe desfavorable sobre el documento presentado por la empresa. Dicho informe lo sustentamos en la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el derecho a la desconexión, que indica en su punto 10:

"Recuerda que, con arreglo a la legislación vigente y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los trabajadores no están obligados a estar a disposición del empresario de forma constante e ininterrumpida y que existe una diferencia entre el tiempo de trabajo, en el que el trabajador debe estar a disposición del empleador, y el tiempo no laborable, en el que el trabajador no tiene ninguna obligación de permanecer a disposición del empleador, y que el tiempo de guardia es tiempo de trabajo".

Y en su punto 16:

"Destaca que el derecho a la desconexión permite a los trabajadores abstenerse de realizar tareas, actividades y comunicaciones electrónicas relacionadas con el trabajo, como llamadas telefónicas, mensajes electrónicos y otro tipo de mensajes, fuera de su horario laboral, también durante los períodos de descanso, las vacaciones oficiales y anuales, las bajas por maternidad, paternidad y el permiso parental, así como otros tipos de permisos, sin tener que afrontar posibles consecuencias negativas".

Como vemos, el Protocolo de Desconexión Digital presentado por la empresa no cumple con las directivas de la Unión Europea en esta materia ni con el espíritu de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), por lo que el Comité de Empresa emitió informe negativo y procedió a responder a la empresa con el mismo, remitiendo dicho informe el 6 de febrero de 2022.

Cabe destacar que dicho informe fue aprobado con los votos a favor de los delegados de ASC y un delegado de CCOO, y con las abstenciones del resto de delegados de CCOO y de los de Actúa, que además no llevaron ninguna propuesta alternativa al Pleno, lo cuál nos hace preguntarnos, ¿qué significa abstenerse en este punto? ¿Están a favor o en contra del Protocolo de Desconexión Digital presentado por la empresa? ¿Cuál es el papel de estos delegados en el Comité de Empresa si ante estos movimientos de la empresa no se molestan en aportar nada y van a los plenos a abstenerse de participar? ¿Es esta la RLT que los trabajadores de NTT Data queremos?

El 11 de febrero de 2022 la dirección enviaba un nuevo documento, esta vez un borrador de Código de Conducta Telemático. Dicho borrador incluía lo siguiente en su texto:

“Con carácter general está prohibida la grabación de reuniones telemáticas salvo que resulte absolutamente necesario, debiendo prevalecer el levantamiento de un acta de la reunión, en la que se recogerán los puntos en ella tratados”.

Este texto incluido en dicho Código es directamente ilegal, pues son numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que indican que “La grabación de una conversación que tiene lugar entre dos personas y que uno de los intervinientes desea conservar para tener constancia fidedigna de lo tratado entre ambos, no supone una invasión de la intimidad o espacio reservado de la persona, ni un atentado al secreto de las comunicaciones”.

Por lo tanto, la inclusión de dicho párrafo en el Código de Conducta Telemático hace que éste carezca por completo de validez legal. Una vez más, desde ASC solicitamos convocar un Pleno para emitir informe desfavorable. El informe desfavorable fue aprobado, esta vez con los votos en contra de Actúa, que en su afán por defender los intereses de la empresa no duda en posicionarse en posturas claramente ilegales si hace falta, si así lo manda la mano que les da de comer. El informe fue remitido a la dirección el 21 de febrero de 2022.

A pesar de los informes desfavorables y de haber indicando en ambos la ilegalidad de algunos aspectos incluidos, la empresa no ha dudado en publicar ambos documentos y darlos por válido, demostrando una vez más el poco respeto que tiene a los trabajadores y su RLT, evidenciando la auténtica tiranía que reina en los centros de trabajo, donde la ley la impone de primera mano y con puño de hierro la dirección, dejando sólo la posibilidad de recurrir a una justicia que está al servicio de las empresas y que tarda años en dictar sentencias cuando éstas son favorables a los trabajadores, convirtiendo la justicia en un teatro.

Ante estos dos hechos contrastados y documentados, desde ASC hacemos un llamamiento a los trabajadores a reflexionar sobre quienes están actualmente representando sus intereses en el Comité de Empresa del centro de Sevilla, que son mayoritariamente CCOO y Actúa (ambos suman 10 delegados de 17), que como hemos podido comprobar ni están ni se les espera mientras que no sea para rubricar con su firma un nuevo atropello a los trabajadores.

Igualmente, debemos reflexionar sobre la importancia de la organización y la movilización, única forma de conseguir que se respeten nuestros derechos y lograr mejores condiciones de trabajo, pues bien podemos observar como en las negociaciones, cuando es el sindicalismo amarillo quien se sienta en la parte social, no dudan en firmar lo que las empresa pongan en la mesa, y cuando el sindicalismo de clase está presente, la empresa no duda en romper las negociaciones e imponer su criterio unilateralmente, como ha hecho rencientemente con las negociaciones sobre las condiciones del teletrabajo.